Comunicado Acerca de la Incautacion

COMUNICADO DE PRENSA

En la madrugada del día de hoy, agentes de la Agencia de Garantía de Depósitos AGD auxiliados por elementos de la policía y/o fuerzas armadas, mediante violencia o amenazas de violencia y fractura de las seguridades, procedieron a allanar e incautar las instalaciones de TC Televisión, Gamavisión, Ingenio La Troncal y Cablevisión, sin orden judicial alguna e invocando una simple resolución administrativa del Gerente de la AGD, Dr. Carlos Bravo Macías de fecha 8 de julio de 2008, que señala como fundamento de su proceder el Artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica Financiero-Tributaria y supuestas pérdidas de Filanbanco S.A. al 2 de diciembre de 1998, por más de US $600 Millones; sobre el particular debemos manifestar lo siguiente:

1.- La incautación dispuesta por resolución del Gerente General de la AGD, no sólo afecta a las empresas que fueron allanadas sino que se extiende a 160 empresas cuya propiedad atribuyen al Grupo Isaías

2.- La incautación a que se refiere el Artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica no aplica por deudas, sino que opera por haber declarado patrimonios técnicos irreales, alterado cifras de balances o cobrado tasas de interés sobre interés. Hasta la fecha no existe una sentencia judicial ejecutoriada que condene a los ex administradores privados de Filanbanco por ninguna de estas circunstancias.

3.- La supuestas pérdidas por US $600 millones provienen del informe de procedimientos acordados elaborado por Deloitte & Touche en 2001, que en su numeral 4 de la Introducción expresa: “nuestro trabajo no constituye una auditoria o una revisión de estados financieros practicada de acuerdo con normas de auditoría y de revisión generalmente aceptadas, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de Filanbanco S.A. y Filanbanco Trust & Banking Corp. a esa fecha ni a ninguna fecha”. En otras palabras, que no pueden establecer pérdidas.

4.- El informe de Deloite & Touche de 2001, es una mera presunción que algunos deudores serían incobrables, sin que nadie se haya tomado la molestia de verificar si ello se cumplió en el tiempo.

5.- Existen dos informes de auditoría integral realizados de manera oportuna y técnica a pedido de la administración pública del Filanbanco, de Arthur Andersen al 31 de diciembre de 1998 y de Hansen-Holm al 31 de mayo de 1999, que establecieron el patrimonio técnico de Filanbanco S.A. y que desmienten el simple informe de procedimientos acordados de Deloitte & Touche de 2001. Por otra parte, la propia Superintendencia de Bancos para poder conceder los préstamos de liquidez en 1998 verificó el patrimonio técnico de Filanbanco S.A.

6.- La incautación contemplada en la ley tiene por finalidad hacer que los administradores garanticen con su patrimonio los depósitos del Banco. En la actualidad Filanbanco S.A. en Liquidación cuenta con activos por US $500 millones y sólo faltan por pagar US $30 millones a depositantes.

7.- La incautación contemplada en el Artículo 29 de la ley de Reordenamiento en Materia Económica fue introducida por el Artículo 4 de la Ley No.2002-60 de 28 de Enero de 2002. De acuerdo con su artículo final y demás principios generales del Derecho, entró en vigencia a partir de su publicación y regía para el futuro, sin que jamás haya tenido efecto retroactivo, razón por la cual, no puede aplicársela ahora a situaciones anteriores, como es el 2 de diciembre de 1998.

8.- El informe de Deloitte & Touche de 2001, con todas sus limitaciones e imprecisiones fue aprobado por la Junta Bancaria el 26 de febrero de 2008, que ordenó una contabilización totalmente ilegal.

9.- En realidad, bajo una apariencia de legalidad hay un acto de abuso de poder sin precedentes en Ecuador, ni en las peores épocas de dictadura.
Hasta aquí el comunicado.

Firma Doctor Jaime Damerval