Sobre la ilegitimidad en la asamblea

Incluir una pregunta adicional en el referéndum de la nueva Constitución es una de las opciones que baraja Acuerdo País para legitimar la instalación del denominado Congresillo .
Eso luego de q ue en Ciudad Alfaro es casi un hecho que el Congreso que fue declarado en receso por la Asamblea no reasumirá sus funciones. Incluso ese punto fue uno de los primeros consensos alcanzados en la reunión de jefes de bloque del lunes, convocada por la presidenta de la Mesa 10, María Paula Romo (A. País).
En todo caso, para hoy a las 15:00 se prevé una nueva cita a la cual se espera llegar con agenda definida. Con ese objetivo incluso trascendió que el presidente Rafael Correa tenía previsto reunirse anoche en Manta con su bloque de asambleístas.
Los puntos del Congresillo son, entre otros, su integración, sede y legitimación, debido a que en el estatuto de la Asamblea no dice nada respecto de ese punto. La idea es que esa instancia refleje la misma composición de la Asamblea e incluya a representantes nacionales, provinciales y del exterior. Se conoció que ya están definidos algunos nombres, entre ellos María Paula, Romo, junto con Sofía Espín, Betty Tola, Mauro Andino y otros.
No al Congresillo Sería una monstruosidad democrática, un golpe de
autoritarismo de una Asamblea que habría perdido legitimidad. (por Cesar Montufar) Al parecer, existe dentro de la Asamblea Constituyente una fuerte presión por alterar, una vez más, las normas que fueron aprobadas por el pueblo ecuatoriano en la consulta de marzo de 2007 y que se encuentran plasmadas en el Estatuto. Esta tendencia, que tomó cuerpo en el inconstitucional y antiestatutario mandato 001, llevó a la Asamblea a arrogarse funciones que rebasan las atribuciones que autorizamos los mandantes sobre la base de una falaz y abusiva interpretación de los llamados plenos poderes. La mayoría de la Asamblea quiso persuadirse y persuadir al país de que los plenos poderes le daban facultad para hacer lo que les venga en gana.
Esta falacia la llevó a jugar al juego de la refundación del país y a no dedicarse, desde el primer día, a su misión fundamental: preparar un proyecto de Constitución para que sea aprobada o desaprobada en referéndum.
Por esa misma línea de abusos de poder y arrogación de funciones, ahora la Asamblea pretende cometer al menos dos nuevas violaciones gruesas al Estatuto y a la Constitución. La una será el intento por cambiar las reglas, los tiempos y las condiciones de aprobación en referéndum y, la segunda, la extensión del tiempo de funciones de una parte de la Asamblea, en el llamado Congresillo.
Ambas posibilidades son absolutamente inadmisibles; constituirían un abuso de poder de enormes proporciones y representarían una burla al mandato que autorizó el pueblo ecuatoriano a la Asamblea y a los asambleístas en el momento en que los eligió.
Concentrémonos por un momento en el Congresillo. Para comenzar, es preciso señalar que en democracia, los electores eligen a sus representantes con una misión y durante un tiempo determinado. Ellos o ellas no pueden cambiar la naturaleza de ese mandato, pues aquello violaría el encargo que recibieron y que aceptaron cuando asumieron su representación. De igual forma, los mandatarios no pueden cometer el abuso de autoprorrogarse, no irse a sus casas una vez que el encargo que recibieron concluyó. En este caso, la instalación del Congresillo rompería ambos principios democráticos fundamentales. La Asamblea, y aquello lo estableció claramente el Estatuto, fue elegida con la misión definida y por un tiempo determinado.
Este tiempo es de seis meses, con una prórroga de dos meses adicionales. Estos ocho meses se cumplen a finales de julio y, por tanto, termina el tiempo de funcionamiento de la Asamblea. No existe ninguna posibilidad legal o leg ítima por la que de los asambleístas, o una parte de ellos, puedan mantenerse en funciones más allá del plazo por el que fueron autorizados.
Hacerlo sería un acto supremo de autoritarismo, de abuso de poder; hacerlo sería el golpe de gracia a la vigencia de la actual Constitución y del Estatuto; Estatuto que, en teoría, norma los actos de la Asamblea, que lo escribió el propio Gobierno pero que no ha tenido compasión de violentarlo en repetidas ocasiones.
El Congresillo, insisto, sería una monstruosidad democrática, un golpe de autoritarismo de una Asamblea que habría perdido toda legitimidad. Si la mayoría incurre en este error, caería en un abismo de ilegitimidad que, sin duda, arrastrará a todo lo que haga o deje de hacer.