Evidencias

El Mandato de la Asamblea para blindar la resolución de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en el caso Isaías, genera opiniones.

“Los jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla y cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución”, señala el Mandato aprobado la noche del miércoles con 70 votos.

Pero es un hecho que los jueces deberán pronunciarse sobre dos recursos presentados en la Corte Superior de Guayaquil. Uno de ellos es de Jorge Kronfle, gerente de TC Televisión hasta la madrugada del martes, cuando la AGD tomó control del canal, a través de una orden de incautación de bienes vinculados con los Isaías.

Jaime Damerval, abogado de TC Televisión, pidió a la justicia desconocer lo resuelto por la Asamblea y aceptar un recurso de amparo a favor de ese medio. Sostiene que el Mandato solo entraría en vigencia si es aprobado en el referendo de la Carta Magna.

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, también cuestionó el Mandato constituyente al sostener que “hasta los condenados a muerte en el sistema jurídico mundial tienen derecho a defenderse”.

“Se dice que son del Estado, ¿cómo es que los nuevos administradores no van a responder por la administración de esas compañías?”, agregó el Burgomaestre.

En Guayaquil, otras empresas que están en la lista de la AGD ya preparan la defensa y contratan abogados para demostrar que sus propiedades no tienen relación con los ex dueños del Filanbanco.

Para José Guerrero, jurista que lleva uno de los casos: “Estamos hablando de una violación de los principios jurídicos que rigen en la sociedad universal, ya que no se puede legislar con carácter personal ni tampoco la Asamblea tenía atribuciones para ello”.

El magistrado de la Suprema, Rodrigo Bucheli, coincidió con el abogado de los Isaías: “La decisión de la Asamblea no respeta el derecho a la defensa”. Pero su colega, Mauro Terán, considera que los presuntos afectados no se encuentran en indefensión, pues tienen otras instancias legales para hacer respetar sus derechos.

Sin embargo, aunque el ex magistrado Ramiro Román considera que el derecho al amparo constitucional es irrenunciable y tiene que estar en la Constitución, puede haber excepciones cuando afecta a terceros, como es el caso del Estado.

“La Asamblea considera que un recurso pudiera perjudicar al Estado e impedir que este cobre las deudas a los banqueros. En este caso, el interés público está sobre un grupo de particulares y, por lo tanto, es adecuada la interpretación de la Asamblea”.

Todo esto, mis queridos amigos, es evidencia clara, una vez mas, de la falta de respeto por cualquier tipo de ley, que esta sucediendo en la Asamblea Constituyente. Ellos, abusando de sus "plenos poderes", creen que pueden pisotear al pueblo Ecuatoriano para lograr su proyecto politico. NO MAS atropellos, porque por cada Ecuatoriano que pisotean, nos estan pisoteando a TODOS!