Acerca de la Corte Constitucional

No parece prudente ni útil crear una Corte Constitucional sobre la Corte Suprema, encargada de revisar las sentencias de la Suprema en caso de que esta no haya respetado, en sus fallos, las normas del debido proceso. Peor todavía si, por ejemplo, le encargan dictaminar para disolver el Congreso Nacional, a pedido del Presidente de la República. Entonces, esa Corte entraría directamente en la lucha política. Todos estos años se ha condenado la justicia politizada. ¿Cabe que se la consagre en la Constitución?

Si actualmente el trámite de los juicios demora tanto, al crear una Corte Constitucional el trámite se prolongará mucho más. ¿Quién que pierda el pleito en la Suprema no recurriría ante la Constitucional alegando violación de alguna de las 20 y tantas garantías del debido proceso?

Tan inconveniente como lo anterior es el propósito de reducir el número de Magistrados de la Suprema a 18, en lugar de 31. Si entre 31 no alcanzan a despachar los miles de casos que les llegan desde todo el Ecuador por recurso de casación o de revisión, ¿cómo esperar mayor agilidad?

Probablemente quienes conciben esta nueva organización no estén al tanto de lo que acontece en la vida real. Si hicieran una visita a las Fiscalías, establecerían que en cantidad de trabajo están a reventar. Un Fiscal también atiende la audiencia sobre prisión preventiva; la audiencia preliminar en el Juzgado Penal, la audiencia de juzgamiento en el Tribunal Penal. Si utiliza la facultad de delegar diligencias a la Policía Judicial, advertirían que esta tiene tanto trabajo y tampoco alcanza a cumplir el encargo rápidamente.

Si visitaran los juzgados civiles de primer nivel concluirían que su personal, aunque trabajase mucho más de 12 horas diarias, no alcanzaría a despachar con más prontitud los juicios. Ahora, la demora ya es excesiva. En los Juzgados de lo Penal la acumulación de casos es similar. Y en los Juzgados de la Niñez sus funcionarios deben estar al borde de la fatiga. Las Cortes Superiores padecen similar congestión.

Si los dirigentes de la política pretenden reemplazar el personal de las actuales Cortes, Juzgados, Notarías, Registros de la Propiedad y Mercantiles, etc. etc., utilizando los plenos poderes de que se sienten investidos, pueden estar seguros de que los nuevos magistrados que reemplacen a los actuales encontrarán las mismas limitaciones y peligros, con lo cual dentro de otro tiempo adicional surgirán quejas y lamentaciones y será necesaria una nueva reorganización, bajo los conceptos de los teóricos y el impulso de las conveniencias de los mandones de turno.

La calentura no está en las sábanas, sino en el sistema y en los escasos medios de trabajo de que disponen los hoy llamados “operadores” de justicia. Es tiempo de reflexionar.

Tomado de: Diario El Comercio