Irregularidades en la Asamblea

Fernando Balda recibe de un anónimo él: INFORME ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LOS ASESORES Y ASISTENTES DE LOS Y LAS ASAMBLEÍSTAS ASÍ COMO TAMBIÉN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2007 Y EL 05 DE JUNIO DEL 2008.

En el documento se detalla cuales son los 28 asambleístas que deberán presentar pruebas de descargo sobre presunta falsificación y peculado que se les imputa.

NOTA: adjunto fotografía de la portada del informe especial cuyo expediente tiene 260 hojas. Y reportaje de diario el Universo con declaraciones de Fernando Cordero sobre el tema.

AYUDA MEMORIA.

Existió un pedido de la Comisión Directiva de la Asamblea una vez que el vocal Jorge Escala (MPD) denunció a Fausto Lupera (SP) de firmar solicitudes de pago de honorarios para una secretaria que no asistía a Ciudad Alfaro y vivía en Estados Unidos, desde enero del presente año.

La Contraloría investigó estas irregularidades, para ello el titular de la misma contrata a Carlos Echeverría Benítez[1], para que haga un examen especial a los procesos de contratación y pago de honorarios y remuneraciones de los asesores y asistentes de los asambleístas así como también el personal administrativo en la asamblea constituyente por el periodo comprendido desde el 20 de noviembre del 2007 y el 5 de junio del 2008.

El examen especial, fue entregado 48 horas antes de que termine el proceso constituyente, al Presidente de la asamblea, y que según el mismo contralor '..este[2] presidente de la Asamblea tiene la potestad denunciar las irregularidades que encontraron en el examen especial'.

Resulta, que el ciudadano Fernando Cordero ex presidente de la asamblea le califica de reservado al informe, aduciendo que no se lo puede hacer público mientras no lo conozca el pleno de la asamblea[3].

RESULTADOS:

Según Contraloría se determinó irregularidades administrativas y económicas en contra de 28 asambleístas por la contratación de personal de apoyo y asesores en Ciudad Alfaro.

Le corresponde a la fiscalía General, iniciar la indagación e instrucciones respectivas para determinar los delitos cometidos, como son:

· Suplantación de identidad,

· Falsificación[4],

· Peculado[5]

El Contralor tenía la facultad de oficiar a la Fiscalía para que se persigan los delitos que ya se determinan en el examen del perito criminalístico. Señor Contralor usted con su actitud complaciente ha quedado en mora con el País.

El Procurador al ser el representante del Estado, y siendo el Estado el perjudicado con ese cobro indebido, debe inmediatamente presentar la denuncia respectiva al nombre del Estado Ecuatoriano por ser el abogado del mismo.

El fiscal General de la Nación debe avocar conocimiento del tema y tomar acciones.

Al ciudadano Fernando Cordero, que no debe tomarse atribuciones que no le competen, el no debe clasificar documentación alguna, pues con esa acción se transforma en cómplice o encubridor de quienes cometieron delito; y ya por el hecho de haber manifestado 'Ellos tienen que justificar, de lo contrario tendrán que devolver la plata', es evidente que el Fiscal General debería imputarlo.